Una
Infamia Política
Por: Francisco
Martín Moreno
@fmartinmoreno
¿Quién es
más culpable ante la ley, ante la nación y ante la historia, el extorsionador
profesional que descubre un escandaloso desfalco en las arcas públicas y en
lugar de denunciar al presupuestívoro ante las autoridades competentes y de
aplicar la ley para guardar y hacer guardar la Constitución, decide
ilícitamente chantajear al delincuente, amenazándolo con la pérdida de su
libertad personal y la de sus prestanombres, de no someterse a sus designios
para incrementar su poder político?
El presidente de la República o cualquier
funcionario comete el delito de extorsión, si amenaza a un gobernador o a
un legislador o a un ministro de la Corte, magistrado o juez con revelar o
compartir públicamente hechos de relevancia que hagan referencia a su vida
personal que involucre a su familia o circulo social a cambio de obtener una
recompensa, en este caso política, de beneficio único para el chantajista.
El artículo 390 del Código Penal Federal establece
que quien “sin derecho obligue a otro a dar, hacer,
dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o
causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años
de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.” El texto continúa en los
siguientes términos: “Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el
constreñimiento se realiza… por servidor público… En este caso, se impondrá
además… la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno
a cinco años para desempeñar cargo o comisión público…”
En los
hechos, son incontables los gobernadores de la oposición, entre otros
funcionarios, auténticos malhechores, que podrían ser acusados de desfalcos, de
malversación de fondos, enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero, entre
otros severos cargos justificados, de no
garantizar el triunfo electoral de los candidatos presidenciales extraídos de
los pozos mefíticos de la 4T, que no solo prostituye nuestro servicio exterior
al nombrar representantes diplomáticos que deberían purgar penas corporales en
prisiones federales, sino que todavía les permite disfrutar en el extranjero su
fortuna espuria obtenida después de haber defraudado a la nación.
La estrategia es muy simple: se trata de auditar
las finanzas personales de los gobernadores salientes de la oposición, para
encontrar hechos constitutivos de delito, como la adquisición de propiedades
inmobiliarias en México o en el mundo, durante sus respectivas gestiones
oficiales, o voluminosas cuentas en divisas depositadas en la banca nacional o
extranjera que no fueron declaradas para efectos fiscales y una vez obtenida
dicha información confidencial, chantajearlos para someterlos
incondicionalmente al gran poder presidencial.
Entonces valdría la pena cuestionarse: ¿Es más
culpable el deleznable presupuestívoro que dispuso para sí del ahorro de la
nación o un transgresor de la ley que, en lugar de combatir la corrupción de
acuerdo a sus promesas de campaña y a su juramento constitucional, estimula la
corrupción, promueve la podredumbre social y traiciona, una vez más la
confianza del electorado que le otorgó un voto de buena fe para construir un
nuevo país apartado de la histórica pestilencia oficial?
Bien lo decía Sor Juana: “¿O cuál es más de
culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Pues para qué os
espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las
buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la
que os fuere a rogar.”
Si bien tanto el experto
extorsionador como el presupuestívoro, ambos podrían ser acusados de la
comisión graves delitos que llegarían a implicar la destitución de sus cargos y
la pérdida de la libertad personal, en el caso del chantajista recaería una
mayor responsabilidad porque no solo alienta la podredumbre y la descomposición
política, sino que atenta en contra de nuestra embrionaria democracia al
facilitar el acceso a los poderes ejecutivos y legislativos estatales y
federales, a personajes surgidos de acuerdos políticos inconfesables que paralizaron
sospechosamente la maquinaria electoral de la oposición, además de envenenar la
voluntad popular con efectivos embustes publicitarios financiados con el ahorro
público.
En este escenario de infamia
política, ¿quién es peor, el extorsionador o el presupuestívoro?