El
proyecto infame de reforma constitucional al Poder Judicial redactado por
trogloditas, enemigos de la paz social y de la evolución política de México,
pretende, con pretextos ingrávidos y perversos, someter al Poder Judicial al
voto popular, destruir los principios que sustentan la República nacida hace
200 años, acabar con la independencia de los jueces, magistrados y ministros,
sometiéndolos a los caprichos de una mayoría política coyuntural deseosa de
construir una nueva dictadura camuflada.
La
fortaleza de los argumentos para impedir la aplicación de la reforma, son irrefutables.
Constan en las impugnaciones presentadas por jueces y magistrados, por
trabajadores del Poder Judicial, por ciudadanos, organizaciones civiles
defensoras de derechos humanos, y hasta partidos políticos de oposición y
municipios que claman justicia. Es evidente que se vulneró el proceso
legislativo en ambas cámaras federales y en los Congresos locales que aprobaron
los aberrantes textos sin haberlos leído siquiera.
La
mayoría de los ínclitos y perínclitos ministros de la Corte bien podrían aplicar
lo dispuesto por el artículo 110, fracciones I, III y VIII, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación para iniciar un procedimiento en contra de las ministras
Batres, Esquivel y Ortiz y separarlas provisionalmente de sus funciones. A la
primera, por notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones a
realizar y a las 3, por conductas realizadas que atentan contra la
independencia judicial, y por no preservar la dignidad, imparcialidad y
profesionalismo propios de la función judicial.
La
mayoría de dichos ministros también podrían admitir las impugnaciones y
declarar la suspensión inmediata de la reforma judicial, hasta en tanto aquellas
no se resuelvan de forma y fondo de acuerdo a los precedentes judiciales, a la
doctrina y al derecho comparado. La Corte debe defender la Constitución e
impedir que un poder u órgano revisor de la Constitución, previsto en su
artículo 135, puede modificar el Poder Judicial, facultad reservada al poder
constituyente originario, el único autorizado para establecer nuevas
disposiciones, principios y reglas.
La
paz de la República, la economía, los derechos fundamentales de las personas,
la libertad y la vida, no pueden estar sujetas al apetito de venganza de quién
detente el poder. Los 8 ministros, conscientes de que la defensa de la
Constitución no solo se libra en los tribunales, deberían convocar y presidir a
una "Marcha por la Justicia y la Democracia". Millones de
compatriotas marcharíamos a su lado, junto con jueces y magistrados a la voz de
"La Constitución se respeta".
Es evidente
que ya no estamos sólo frente a una discusión jurídica de alto nivel, en donde
nos jugamos el destino de México, se trata, además, de una cuestión de principios.
El INE y el TEPJF traicionaron a la República, cuando la mayoría de sus
consejeros y magistrados, le obsequiaron a López Obrador la mayoría calificada
que la ciudadanía jamás le concedió en las urnas. El fraude a la Constitución
quedó expuesto a su máxima expresión. ¿Los ministros de la Corte, defensores de
la Constitución, también van a traicionar a la República y pasarán la historia
como los impartidores de justicia que ayudaron a colocar los cimientos para
construir una nueva dictadura, o deben esperar a que las fuerzas armadas los
expulsen del recinto, en donde se vigila la aplicación de las leyes y se ve porque los actos de autoridad se apeguen a la
Constitución? La fotografía de nuestros máximos togados arrojados a la calle,
dará la vuelta al mundo para exhibir los alcances del primer gobierno mexicano
presidido por una mujer, cuando AMLO, el verdadero dictador, dejó todo armado
para quedar eximido de cualquier género de culpa, de modo que ella, su
sucesora, cargará con todo el peso de la responsabilidad histórica. Acabemos con la cultura de la
simulación.
La
defensa de la Constitución es responsabilidad de todos los juece s, sí, pero
también de todos los ciudadanos. La historia nos llama a defender nuestra
República. No seremos la generación de la ignominia que permitió la destrucción
de nuestra democracia, construida con la sangre de mexicanos amantes del
progreso y de la libertad. Es la hora de la "Marcha por la Justicia”. ¿El éjército
desalojaría la Corte…? ¿Sí…?